Cifras, puras y duras

Por la Junta de Gobierno

Realmente curioso. Esta misma mañana hemos recibido un correo, del que hemos tomado prestado el título de la entrada, en el que se nos dan a conocer algunas cifras económicas referidas a la Iglesia Católica en España. Humildemente, nos sentimos en la obligación de comunicar que en el seno de nuestra querida Institución ya se conocían. Es más, tan interesantes nos parecieron que, con el fin de difundirlas mucho más, las publicamos en la Revista de Cuaresma del pasado año 2009. Aquí tenéis de nuevo el artículo completo, por si alguien no lo leyó en su momento y no tiene referencias de él.

VENERABLE COFRADÍA Y HERMANDAD DE LA SANTA VERA CRUZ.-

“Es urgente una labor de concienciación de todos los fieles sobre la necesidad de sostener a su Iglesia”.

Ésta, junto a otras, es una de las conclusiones a las que Fernando Giménez Barriocanal (Vicesecretario para Asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española) llega en un bien documentado trabajo titulado “La Financiación de la Iglesia Católica en España” (Ed. EDICE-Madrid 2007). Su recomendable lectura, necesaria e imprescindible en estos tiempos que vivimos, nos acerca a un tema que cíclicamente ocupa sobremanera páginas de periódicos, tertulias radiofónicas y televisivas e innumerables foros y blogs de opinión.

Y es que no se puede negar que este asunto de la financiación sigue preocupando a muchos y afectando a bastantes más. De manera muy especial a sus múltiples detractores que, desde posturas claramente preconcebidas y apoyadas en supuestas incompatibilidades éticas, esgrimen el “laicismo” del Estado para exigir la autofinanciación de la Iglesia y reclamar, al mismo tiempo, que desaparezca la colaboración de aquél con ésta.

Ante estas respetables posturas deberíamos recordar que España se define actualmente como un estado aconfesional, que no laico, y que entre ambos modelos existen unas ostensibles diferencias que muchos prefieren obviar, bien por ignorancia, bien por manifiesta intencionalidad. Del mismo modo, para hablar con el suficiente conocimiento de causa, deberíamos tener presente qué se dice con respecto a estos temas en nuestro vigente ordenamiento jurídico. Una vez aclaradas ambas premisas, deberíamos preguntarnos si, en realidad, en un país donde casi tres cuartas partes de su población se sigue declarando confesionalmente católica, todas estas reivindicaciones lo único que realmente persiguen es la independencia del Estado sobre cualquier organización religiosa o, por el contrario, si no es objetivo primordial de su verdadero ideario silenciar una determinada Institución que no renuncia a expresar su opinión en defensa de sus principios y valores, y que está resultando especialmente incómoda a tanto iluminado augur en su intento de instaurar un nuevo modelo social basado en el pensamiento único, en el que no caben más cosmovisiones de la existencia que las emanadas de sus mudables dogmas y sus versátiles credos contemporáneos.

Pero no hablemos de legislación, significados o declaraciones. No hablemos de propósitos o raíces filosóficas, ni de posicionamientos ideológicos o formas de organización social. No hablemos ni siquiera de fe, a la que vamos a dejar a un lado para no ser prejuzgados de sectarios fundamentalistas. Hagámoslo de números, de su frialdad, de su sólido fundamento, de su razón incontestable que no se deja avasallar ni por interpretaciones contables a la carta ni por encubridores eufemismos semánticos, recursos ambos tan en boga de un tiempo a esta parte. Hagámoslo de algunos datos que, por desconocidos para una gran mayoría, son muchas veces tergiversados, retorcidos, ignorados o simplemente silenciados u ocultados. Hablemos, pues, de algunas cifras económicas de la Iglesia referidas a otro tema de candente actualidad: las políticas sociales.

Y es que, como dice el Sr. Giménez Barriocanal en el trabajo anteriormente mencionado, “…resulta prácticamente imposible realizar una valoración exacta de la aportación que realiza la Iglesia a la sociedad española, ya que a los elementos cuantificables hay que unir una multitud de elementos difícilmente valorables. En todo caso y con el único objetivo de mostrar la magnitud de dicha aportación veamos algunos datos de interés.” De esta fuente, así como de otras igualmente especializadas, extraemos unos cuantos.

En 2006- últimos datos publicados- la Iglesia Católica atendía en España cerca de 4.500 centros de servicios varios (dispensarios, asilos, centros de minusválidos, albergues para indigentes, lugares de acogida para enfermos terminales de SIDA…) con más de 51.000 camas. Sostienen muchos expertos que estos servicios le suponen al Estado un ahorro de 4 millones de euros por centro. Se hace cargo también la Iglesia de 365 instituciones de reeducación social para marginados (ex prostitutas, ex presidiarios, ex toxicómanos…) en los que se acogieron en el citado año más de 53.000 personas, lo que generó un ahorro a las arcas públicas de unos 180 millones de euros. Si además sumamos los 259 orfanatos gestionados que reportan un ahorro de 100.000 euros cada uno, así como ambulatorios, guarderías, centros de acogida a reclusos en libertad provisional, centros de atención a los inmigrantes, programas de cooperación internacional y otros tantos de parecida naturaleza, podemos llegar, con unas simples operaciones aritméticas, a unos elocuentes números: la Iglesia Católica Española, según diversos especialistas económicos y en virtud de lo que éstos u otros parecidos servicios cuestan al Estado, ahorra al mismo, sólo en fines sociales, una cifra cercana a 20.000 millones de euros al año.

En lógica conclusión, si todos estos centros desaparecieran y los miles de personas que con ellos colaboran -en una abrumadora mayoría de forma totalmente altruista- dejaran de dedicar su tiempo y su dinero a seguir socorriendo a los más pobres entre los pobres, a los más marginados entre los marginados, a los más necesitados entre los necesitados, habría que preguntarse también si serían todos aquellos que insistentemente pregonan la innecesariedad de la Iglesia Católica en la sociedad actual quienes ocuparían decididamente su lugar en tan encomiables tareas y quienes seguirían generosamente aportando los recursos económicos suficientes, en pos de un equilibrio presupuestario, para seguir desarrollándolas.

De cualquier modo, un solo dato debe servirnos a todos para fijar en sus justos términos que no es la financiación la verdadera razón de tan artificial e injusta controversia. Durante el citado año 2006 la Iglesia recibió del Estado por diversas partidas (principalmente a través de la crucecita en nuestras declaraciones de renta) 155 millones de euros. Ahora que todo el mundo reivindica la compensación del déficit en sus balanzas fiscales, habría de cuestionarse si hay alguien capaz de emplear en su argumentación uno más evidente: 155 versus 20.000. Este descomunal desequilibrio, aparte de descubrir y retratar, sirve además de magnífico ejemplo para explicar conceptos tales como solidaridad, esfuerzo, generosidad, entrega, caridad, trabajo, austeridad… y por supuesto, política social. Y es que, a pesar de todo, lo que nunca se podrá negar a la Iglesia -siempre reprochada y bajo sospecha en cuanto se habla sobre temas económicos, con sus errores e imperfecciones, con sus faltas y deslices, pero dispuesta siempre también a admitirlos y enmendarlos como ningún otro- es de no seguir demostrando a través de sus obras que la mejor forma de explicar el movimiento es andando.

Podríamos continuar hablando de números vinculados a la educación, al patrimonio, a la cultura, al voluntariado, a los programas sociales, a mil causas más que por falta de espacio se van a quedar en el tintero. Puesto que entramos en un tiempo de reflexión y de preparación, qué mejor forma de hacerlo que considerando todo lo anteriormente expuesto, ya que como dice el Sr. Giménez Barriocanal: “…se puede concluir que la aportación de la Iglesia a la sociedad española es incuestionable. Cualquier análisis mínimamente serio concluye que las instituciones de la Iglesia aportan a la sociedad mucho más de lo que ésta entrega desde el punto de vista financiero”. Nosotros, cofrades, somos parte de esa Iglesia y también, como no, parte de esa sociedad. Así que, ante tanta incapacidad manifiesta de discernimiento, la razón de los números, la lógica del vínculo y el compromiso de la fe. Que así sea.

La Junta de Gobierno